SE LES ACUSA DE DELITOS DE NARCOTRÁFICO Y POSESIÓN DE ARMAS.
Estados Unidos va por Rubén Rocha Moya. El Departamento de Justicia acusó este miércoles 29 de abril al gobernador de Sinaloa y a nueve politícos más, de delitos de narcotráfico y posesión de armas.
La Justicia de EU alega que Rocha Moya fue elegido gobernador en noviembre de 2021, después de que Los Chapitos lo ayudaran “secuestrando e intimidando a sus rivales”, además de que ha permitido que estos “operen con impunidad” bajo la promesa de protegerlos.
Por esta razón, el Gobierno de Trump asegura que los diez políticos y exfuncionarios conspiraron para importar cantidades masivas de narcóticos al país vecino del norte, “a cambio de apoyo político y sobornos”.
También asegura que dichos funcionarios ayudaron para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a Estados Unidos y protegieron a los narcos de ser investigados, detenidos e imputados, en esencial ayudándoles en sus actividades ilícitas.
En concreto, se les acusa de colaborar con la facción del los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y recibir a cambio “millones de dólares” de los beneficios de la organización criminal.
Además de Rubén Rocha, entre los políticos involucrados con el crimen organizado se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.
Todos están acusados de tres delitos: conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y conspiración relacionada con esas armas, que los enfrentan a sentencias mínimas de cuarenta años de prisión y cadena perpetua.
