NACIONAL

SUPREMA CORTE INVALIDÓ TRASPASO DE GUARDIA NACIONAL A LA SEDENA

MÁXIMO TRIBUNAL DECLARÓ INCONSTITUCIONAL LA MEDIDA, UN GOLPE A LA POLÍTICA DE AMLO.

La Suprema Corte de Justicia de México invalidó el martes el traspaso a la Secretaría de Defensa de la Guardia Nacional que fue aprobado el año pasado por el Congreso, una decisión que representa un revés para el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha sustentado su política de seguridad en el uso de los militares para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que controlan vastas regiones del país.

Con el voto a favor de ocho de los 11 ministros el máximo tribunal declaró inconstitucional que la Guardia Nacional quede bajo el mando del Ejército. Con López Obrador, la Guardia Nacional había ido asumiendo cada vez más funciones en el ámbito civil como las aduanas, los aeropuertos y hasta la vigilancia en el Metro.

Los ministros estimaron que el decreto promovido por López Obrador viola el artículo 21 de la Carta Magna y representa un “fraude a la constitución”.

Así lo planteó el ministro de la Corte Juan Luis González Alcántara en su proyecto de sentencia al reconocer que era “inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando” de la Guardia Nacional al Ejército.

Durante el debate, la también ministra Margarita Ríos Farjat indicó que el decreto presidencial dejaba en entredicho el carácter civil y adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública e implicaba un “riesgo” de seguridad jurídica debido a que se tenía un órgano que respondía a dos secretarías, una civil y otra castrense.

Con esta decisión el manejo de la Guardia Nacional deberá retornar a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana tal como se venía aplicando desde que se constituyó el cuerpo en el 2019.

De los más de 128,000 efectivos que integran la Guardia Nacional, más del 80% provienen del Ejército y la Marina.

En ese sentido, Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, expresó que la sentencia debe servir para que el gobierno “empiece un proceso de desmilitarización de la Guardia Nacional, lo cual implica que la mayoría de su personal sea de origen civil y que el comandante que dirige la Guardia Nacional deje de ser un militar”.

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