Un peligro amenaza el proceso electoral en curso: La tentación de convertir los comicios en una elección de Estado.
Ante el temor de perder, el gobierno federal y los gobiernos locales podrían intentar una estafa a nuestra democracia. Ya hay intentos de utilizar el poder y todo el dinero necesario para manipular el resultado electoral. De ocurrir esta conspiración regresaríamos a tiempos oscuros. Sería un atentado a nuestra transición democrática que tantas décadas de lucha costó a los demócratas de este país.
Comprar votos, condicionar la entrega de apoyos sociales o utilizar el aparato represivo del gobierno para perseguir o desprestigiar a los adversarios sería una regresión autoritaria.
Si permitimos que el gobierno federal, estatal o municipal destruyan a quienes considera sus adversarios, no tardaran en empezar a oprimir a líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y a todo aquel que sea señalado como enemigo.
Desgraciadamente hemos sido testigos en los últimos días del uso de la PGR, el SAT, el CISEN y la Secretaria de Hacienda como armas de guerra para intentar sacar de la contienda a Ricardo Anaya, candidato de “Por México, al Frente”.
No se trata de asumir la defensa de un candidato, sino de denunciar y detener el uso faccioso de las instituciones del Estado para pervertir las intenciones del voto y perseguir a presuntos enemigos.
La voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas es lo único que debe definir la representación política y no las distorsiones que le quieran imponer a nuestra democracia los grupos en pugna, sean del color que sean.
El presidente de la república, los gobernadores, los alcaldes y todos los funcionarios deben sacar las manos del proceso electoral.
Por su parte los árbitros y jueces de la contienda (INE, CEEPC y Tribunal Electoral) deben garantizar que los principios que rigen la materia electoral (legalidad, certeza, autonomía y transparencia) garanticen piso parejo a todos los contendientes. Estas autoridades electorales deben vigilar que los distintos órdenes de gobierno no intervengan para influir en beneficio de sus partidos.
El uso de la justicia con fines electorales.
Todo lo anterior a propósito del caso de Ricardo Anaya que durante los últimos quince días ha sido sometido a despiadados ataques que buscan desprestigiarlo para sacarlo de la contienda electoral.
No sabemos en este momento si Anaya es o no culpable del delito que se le acusa. La última palabra la tienen las autoridades competentes. Lo que provoca inquietud y rechazo es el uso perverso de la Procuraduría General de la República (PGR) para lastimar a un candidato que les resulta incómodo. El Ministerio Público representa a la sociedad y no a un partido político.
En el caso de Ricardo Anaya la perversidad con que ha actuado la PRG deja evidencia de que hay un uso indebido de las instituciones del Estado para apalear a uno enemigo.
El candidato del Frente ha prometido que de llegar a Los Pinos meterá a la cárcel a Peña Nieto. En respuesta soltaron a sus los perros de guerra para que terminen con el queretano. Buscan, además, beneficiar a José Antonio Meade que se haya estancado en el tercer lugar.
Los arteros ataques de la PGR mantuvieron al panista arrinconado por unos días. Pero el 4 de marzo Anaya inicio la contraofensiva y atacó de manera directa al presidente de la república pidiéndole con firmeza que sacara las manos de la contienda electoral.
El desplegado de los intelectuales y de COPARMEX.
El contraataque de Anaya recibió el apoyo de intelectuales, empresarios y de buena parte de la opinión pública. Sobre todo porque resulta inadmisible que el gobierno de Peña utilice con fines electorales a la PRG, al CISEN y a la Secretaria de Hacienda.
El lunes 5 de marzo, un grupo de 60 intelectuales de la talla de Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Denise Dresser, Carlos Elizondo, Enrique Krauze, Francisco Martín Moreno, Mauricio Merino, Juan E. Pardinas, Federico Reyes Heroles, Arturo Sarukhán y José Woldenberg, publicaron una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto para exigir que se frene el uso de las instituciones para perjudicar a los adversarios políticos.
Fueron muy duros en su denuncia. Le dicen al presidente: “El uso de la Procuraduría General de la República para perseguir a un líder de la oposición, pone a México junto a países con regímenes autoritarios y democracias totalmente disfuncionales”.
Eso sí, precisaron que su manifiesto no era un apoyo tácito a la candidatura del panista, sino una preocupación por el uso del poder para vulnerar el proceso electoral.
Por su parte el poderoso sindicato de patrones, la COPARMEX, denunció en un desplegado el uso sistemático de entidades del gobierno federal como “instrumentos auxiliares de la competencia electoral” para “favorecer a partidos y candidatos”.
Así mismo los empresarios reclamaron la incongruencia de la PRG, por lo general omisa y lenta cuando se trata de combatir casos de corrupción que involucran a funcionarios del actual gobierno federal.
La COPARMEX finalizan su acusación haciendo “un firme llamado al gobierno federal, así como a los gobiernos estatales y municipales, para que eviten todo comportamiento o actuación que provoque sospecha, indicio o evidencia, de una injerencia ilegal en el proceso electoral federal y los procesos locales que transcurren en treinta entidades federativas”.
Bien haría el gobierno potosino y los 58 presidentes municipales en atender estos llamados a la cordura para que se mantengan imparciales y respetuosos de los procesos electorales. Incluso resultaría de mucha utilidad que la delegada del INE y los consejeros del CEEPAC llamarán a todos los actores gubernamentales y políticos del estado a fijar una postura al respecto ahora que están por comenzar las campañas electorales.
La consigna es muy sencilla ¡Saquen las manos del proceso electoral!
