ESTE PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN VEHICULAR HA SIDO EL MÁS LARGO EN LA HISTORIA DE MÉXICO.
Con la firma del decreto que pone fin al programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como “autos chocolate”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, derogó el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2025, que permitía la legalización de éstos en el país.
Dicho decreto, iniciado en 2022 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, legalizó más de 3 millones de unidades hasta agosto de 2025, con estimaciones que superan los 3.5 millones al cierre del programa, beneficiando principalmente a familias de bajos recursos en 16 entidades federativas.
El programa facilitaba además la importación permanente de vehículos, mayormente de Estados Unidos, con un costo fijo de 2 mil 500 pesos por unidad, generando una recaudación total estimada en más de 7 mil 500 millones de pesos, destinados a infraestructura como pavimentación en municipios clave.
Baja California encabezó la lista de los estados con más regularizaciones al contabilizar 495 mil 706 vehículos legalizados, lo que representó una recaudación local de 970 millones de pesos. En Sonora se legalizaron 205 mil unidades y otros como Chihuahua y Tamaulipas con cientos de miles cada uno.
La lista completa de estados incluía: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Aunque celebrada por sectores populares por ofrecer movilidad asequible y certeza jurídica, la iniciativa enfrentó durante años varias críticas de la industria automotriz, como la AMDA, que la acusó de fomentar contrabando y competencia desleal, impactando ventas de autos nacionales.
Con el decreto en vigor desde el 1 de enero de 2026, los vehículos extranjeros usados ahora deben someterse a las estrictas normas de comercio exterior, incluyendo aranceles elevados y certificaciones ambientales bajo el T-MEC.
Esto podría encarecer drásticamente su legalización, afectando a comunidades dependientes de estos autos asequibles. Aunque trámites iniciados antes del cierre podrían completarse, es recomendable estar atento y actuar con urgencia en portales como REPUVE.
Este fin llega tras múltiples prórrogas, la última en noviembre de 2025 extendía el plazo hasta noviembre de 2026, pero se ajustó abruptamente a diciembre de 2025, reflejando un cambio de prioridades en el gobierno actual hacia la protección de la industria nacional y el control del mercado vehicular.
