• Las y los potosinos han pagado más de 2 mil millones de pesos en un negocio que benefició solo a unos cuantos: Comisión Estatal del Agua.
En 2024, las y los potosinos cuentan con más apoyo del Gobierno del Estado ante los retos por la sequía y la adecuada disposición y saneamiento de las aguas residuales, por lo que, la Comisión Estatal del Agua (CEA), actualmente tiene en operación la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Tanque Tenorio, ante la conclusión del contrato de prestación de servicios con la empresa Aguas de Reúso El Tenorio, SA de CV, sin que se haya detenido el tratamiento, e incluso con un procesamiento superior, pues la ex concesionaria solo operaba al 40 por ciento.
Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, tras la conclusión del contrato, la CEA emprendió una auditoría a la Planta Tenorio para conocer el estado de la tratadora y sus necesidades, por lo que una vez concluida, se determinará si nuevamente se concesiona a otra empresa, conforme a las opciones contempladas en la Ley.
“En 18 años que duró el contrato, la CEA pagó a la empresa más de 2 mil millones de pesos tan solo de la tarifa de inversión, por lo que se supera el financiamiento inicial de 653 millones de pesos en 2006”, declaró Benjamín Pérez Álvarez, director general del organismo, quien agregó que, el convenio, firmado en el sexenio de Marcelo de los Santos, perjudicaba las finanzas estatales, ya que el Gobierno del Estado era “deudor solidario”, es decir, que si no se cubría el pago de la tarifa de inversión, la empresa podía embargar la línea de crédito e incluso las participaciones federales.
Detalló que, el contrato de prestación de servicios fue modificado en varias ocasiones, la última en 2019, con Juan Manuel Carreras como Gobernador y Jesús Alfonso Medina Salazar como titular de la CEA y que mensualmente se pagaba a la empresa concesionaria 35 millones de pesos, dividido en tres tarifas: T1 inversión, T2 operación y mantenimiento y T3 consumo, que debería ser pagado por el Interapas, ya que es quien cobra el saneamiento vía el recibo; sin embargo, el recurso no se dispersa desde 2018.
