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AUTORIDADES DEBEN TOMAR MEDIDAS CONTRA LA EMPRESA QUE OPERA LA PRESA EL REALITO: DIP. RUBÉN GUAJARDO BARRERA Y DIP. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ TOVAR.

* DEBEN DEMOSTRAR QUE PAGÓ LA MULTA DE 5 MDP QUE PRESUNTAMENTE SE LE APLICÓ .

Las constantes fallas en el servicio de agua potable que registra la presa El Realito, son motivo suficiente para modificar el contrato que tiene con el INTERAPAS, que además debe mostrar públicamente las multas por 5 millones de pesos que, dice, le aplicó y las pruebas de que fueron pagadas.

El diputado Rubén Guajardo Barrera y la legisladora María Isabel González Tovar, vicepresidente y vocal de la Comisión del Agua, respectivamente, afirmaron que ante esta nueva falla de la presa que afecta el servicio en al menos 30 colonias, es innecesario que los organismos de agua “lamenten” los hechos en vez de tomar decisiones firmes al respecto.

El vicepresidente señaló que “se la han impuesto multas y más multas y en la reciente comparecencia del director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), se hicieron propuestas para modificar el contrato con la empresa y ojalá que no haya quedado en mera promesa”.

Añadió que “es lamentable que cada vez que falle se hable de multas pero no se mejora el servicio, es un tema muy preocupante y prioritario al que hay que darle seguimiento, para que no se siga afectando a los usuarios de diversas colonias de San Luis Potosí, principalmente”.

La diputada María Isabel González Tovar, vocal de la comisión, expuso que “estamos ante un acto de complicidad entre la CEA e INTERAPAS con El Realito, y quisiera ver los documentos donde dicen que la multaron con 5 millones de pesos, pero no la multa sino el pago de la misma, porque sospechamos que son declaraciones sin fundamento”.

Añadió la legisladora que “el CEA tiene toda la responsabilidad de poder resolver estos problemas de fondo con la presa y también el INTERAPAS porque representa a tres municipios afectados por las fallas, pero ellos a cambio de privilegios y no sé que acuerdos más, no hacen nada”.

Expuso que “existen las medidas jurídicas necesarias para obligar a la empresa al cumplimiento del contrato, pero simplemente no actúan porque hay intereses incluso políticos de quienes hoy buscan otros cargos, cuando su responsabilidad es cuidar que no haya fallas en el servicio a los ciudadanos”.

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