Derivado de las diversas capacitaciones en el ámbito local e internacional; así como de la experiencia adquirida al paso de los años como defensor de los derechos humanos.
El reconocido profesionista Tamazunchalense Julio César Hernández Pérez. Propuso ante los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, un proyecto integral sin precedentes para la entidad potosina.
Sabedor de la falta de atención y acceso a la justicia hacia las víctimas de violaciones a los derechos humanos; de acuerdo a lo manifestado por el propio postulante.
Mencionó que una de las principales propuestas dentro de su plan de trabajo está enfocada hacia las víctimas de violaciones a los derechos humanos, por lo que propuso una nueva estrategia de protección y defensa para ellas.
Dicha propuesta versa sobre la implementación de un mecanismo jurisdiccional único en el país, denominado “Juicio para la Protección de los Derechos Humanos”. Mismo que a nivel nacional se aplica de manera exitosa en los estados de Veracruz y Oaxaca, siendo esta última entidad donde laboró y participó en estos juicios durante los años que allí radicó.
Propuesta que de lograr consolidarse transformaría a la CEDH dotándola de mayores herramientas jurídicas, posicionando al estado de San Luis Potosí a nivel nacional como referente en la materia, señaló.
Además; refirió dicho mecanismo consiste básicamente en hacer de carácter obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CEDH ante un órgano jurisdiccional, una vez agotado el procedimiento ordinario por el incumplimiento de la autoridad involucrada. Situación que actualmente está sujeta a la voluntad de la autoridad en cumplir o no con dichas recomendaciones al no ser vinculatorias, dejando a las víctimas en un estado de incertidumbre jurídica y en un peregrinar constante entre Dependencias.
El novedoso mecanismo jurisdiccional propuesto por Hernández Pérez podría traducirse hacia las víctimas en alcanzar lo que algunas por años han buscado, tener acceso a una justicia que incluya por mandato de ley la obligación de una reparación integral del daño, la garantía de no repetición, sanciones administrativas como el cese temporal o definitivo de la autoridad, e incluso; de ser el caso, vincular responsabilidad en materia penal. Evitando así la impunidad y logrando disminuir las violaciones a los derechos fundamentales en el estado; tal y como sucede en Veracruz y Oaxaca, donde por normativa se activa este Juicio de Protección a petición de los Organismos Públicos de los Derechos Humanos de cada entidad, puntualizó.
